Con una matriz energética excesivamente dependiente de los combustibles fósiles y un parque generador térmico caro, antiguo e ineficiente, nuestro país podría encontrar en las fuentes renovables una salida sustentable, limpia y segura a la hora de atender una demanda eléctrica en constante crecimiento.
La Argentina tiene una matriz energética muy sesgada hacia los hidrocarburos, que representan el 87,5 por ciento de la producción de energía primaria, en tanto que las centrales térmicas representan el 72 por ciento de la oferta eléctrica, frente al 23 por ciento hidráulico, un 4 por ciento nuclear y apenas un 0,5 por ciento procedente de la energía solar y eólica. En los últimos doce años, el nuevo equipamiento incorporado a nuestro parque generador correspondió en un 73 por ciento a usinas termoeléctricas de alto costo y dependientes del consumo intensivo de gas natural y derivados del petróleo (fuel oil y gasoil). En este marco de extrema dependencia de los combustibles fósiles, la gran promesa que representan las energías renovables podría hacerse realidad si las nuevas autoridades adoptan un marco regulatorio claro y transparente y generan el clima de inversiones adecuado. Ese parece ser el objetivo de las primeras medidas de Mauricio Macri y su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al reglamentar el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica (Ley 27.191) a través del Decreto 531/2016.
Régimen de fomento: un salto cuantitativo
La Ley 27.191, que modificó la anterior normativa aprobada por el Congreso a fines de 2006, fijó como objetivo más cercano una contribución del 8 por ciento por parte de las energías renovables al consumo de energía eléctrica nacional al 31 de diciembre de 2017. Posteriormente, en forma escalonada y progresiva, los grandes usuarios con demandas iguales o mayores a los 300 kilovatios deberán alcanzar, como mínimo, el 20 por ciento el 31 de diciembre de 2025. En la legislación vigente se define como “fuentes renovables de energía no fósiles” a la eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la mareomotriz, undimotriz y de las corrientes de las mareas, la biomasa, los gases de vertedero, así como los gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles, además de la pequeñas centrales hidroeléctricas de hasta 50 megavatios. Esta ambiciosa meta obligará a redoblar los esfuerzos y multiplicar las inversiones, para lo cual el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar la constitución del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), dotado de 12.000 millones de pesos y que funcionará como un fideicomiso público destinado al otorgamiento de préstamos, aportes de capital y financiación de este tipo de proyectos. Para los próximos años dos a tres años, manifestó Aranguren, “se requerirá la instalación de 3.000 megavatios de energías renovables, que significarán 5.000 millones de dólares de inversión”. Aun reconociendo que existe cierto retraso en la puesta en marcha de estas iniciativas en la Argentina, el funcionario ponderó “la ventaja de poder obtener un buen costo general de producir energía, a partir de la caída del costo de la tecnología que se viene registrando en los últimos años”. “Estamos abriendo las bases para un ambiente competitivo”, afirmó, por su parte, el nuevo subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, quien destacó los mecanismos promocionales en materia de incentivos fiscales previstos en el marco regulatorio del sector. Entre otros, cabe mencionar la amortización acelerada del impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), la exención de la alícuota del 10 por ciento del impuesto sobre distribución de dividendos cuando se reinviertan las utilidades en nuevos proyectos de infraestructuras, y el otorgamiento de certificados fiscales para el pago de impuestos nacionales a quienes acrediten fehacientemente un 60 por ciento de integración de componente nacional en las instalaciones electromecánicas.
La energía eólica viene asomando
“La instalación y puesta en marcha de generación eólica es una de las alternativas más económicas, a corto plazo, para generar parte de la energía necesaria para cubrir las demandas del país”, advierte el informe La hora de las energías renovables en la matriz energética argentina, recientemente publicado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). Observa que “granjas eólicas de potencias de 50 a 100 y 200 megavatios pueden ingresar en el sistema interconectado nacional en 12 a 18 meses con todas sus unidades disponibles”. Por último, afirma que “los aerogeneradores alcanzan un factor de capacidad próximo al 40 por ciento y la producción de energía se mantiene en forma constante”. Actualmente, el aporte eólico al sistema interconectado nacional no llega a los 200 megavatios. La mayor contribución proviene del Parque Eólico Rawson, en Chubut, con 77,4 megavatios, instalados por la empresa Genneia (ex Emgasud), que está trabajando en su ampliación y en la puesta en marcha del Parque Eólico Puerto Madryn. También en territorio chubutense, en la ruta que une Trelew con Puerto Madryn, funciona el Parque Eólico Loma Blanca, construido y operado por Isolux Corsán, que cuenta con 51 megavatios instalados. Por su parte, el Parque Eólico Arauco, ubicado en La Rioja, cuenta con una potencia instalada de 50,4 megavatios instalados –obra de IMPSA Wind– y se encuentra en una fase de ampliación para duplicar su potencia a 100,8 megavatios. En cuanto a la tecnología disponible, hay en el país tres empresas que se han especializado en la fabricación local de aerogeneradores: IMPSA Wind, NRG Patagonia e INVAP. De ellas, IMPSA es la que ha logrado mayor desarrollo y proyección internacional, con sus inversiones en Brasil y sus dos plantas industriales de Suape, en Pernambuco, que se sumó a las otras dos que la empresa posee en Mendoza. Sin embargo, su subsidiaria brasileña Wind Power Energy entró en concurso de acreedores en 2014 y hoy la empresa negocia la venta de sus activos en ese país. Por su parte, INVAP se especializa en aerogeneradores de baja potencia (con sus dos modelos, de 4,5 y 30 kilovatios, respectivamente) y la empresa comodorense NRG Patagonia posee dos modelos disponibles, ambos de 1,5 megavatios de potencia.
Energía solar: una apuesta cuyana
En el caso de la energía solar fotovoltaica, una experiencia pionera ha sido la planta experimental San Juan I, en Ullum, que cuenta con 1,2 megavatios instalados y forma parte del plan provincial “San Juan Solar”. Consta de 4836 paneles, de los cuales 3300 están implantados sobre estructuras de dos posiciones y 1536 son seguidores solares, es decir, paneles que se mueven buscando la mejor ubicación respecto del sol. La ubicación es estratégica, dados los excelentes valores de radiación solar que ofrecen los valles cordilleranos cuyanos. Por otro lado, en el territorio sanjuanino abunda el cuarzo, mineral a partir del cual se obtiene el silicio, un elemento esencial para la fabricación de celdas y paneles fotovoltaicos. A través de este proyecto piloto, el gobierno sanjuanino se propone alcanzar el dominio del proceso integral de este tipo de tecnología, mediante la integración vertical que incluya todas las etapas productivas, que van desde la obtención del silicio y su purific
ación hasta obtener un silicio “calidad solar”, hasta la fabricación de las celdas y de los paneles solares listos para ser utilizados. Para ello la empresa sanjuanina Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) ha contratado los servicios del Schmid Group, fabricante alemán de este tipo de equipamiento, que comenzó a construir en enero de 2015 una fábrica integrada de 71 megavatios. Allí se producirán lingotes, obleas, células y módulos fotovoltaicos. En septiembre de 2011, por otra parte, fue inaugurado en esa misma provincia el mayor parque solar fotovoltaico realizado en el país hasta la fecha, el complejo Cañada Honda, desarrollado por Genneia, que cuenta con una potencia instalada de siete megavatios, conectados al sistema eléctrico nacional, con perspectivas de ampliación hasta 20 megas a partir de la ampliación de otro parque en la localidad de Chimbera, que forma parte del mismo complejo. En 2014, se inauguró en San Luis el parque solar fotovoltaico Terrazas del Portezuelo, con una potencia instalada de un megavatio. Y recientemente, en febrero pasado, las autoridades municipales de General Alvear (Mendoza) firmaron con la empresa israelí Gigawatt Global (GWG) un memorándum para la construcción de un gran complejo solar de 210 megavatios, 100 de ellas producidos por una planta fotovoltaica y los restantes 110 por una planta termosolar.
El aprovechamiento de la biomasa
Otra fuente adicional de generación eléctrica en forma renovable sugerida por CADER es la biomasa, es decir, la materia orgánica. “Se puede operar con centrales de biomasa de baja potencia de hasta 10 megavatios con un factor de uso superior al 80 por ciento anual”, afirma esa cámara en el informe La hora de las energías renovables en la matriz energética argentina. Este tipo de centrales con pequeñas turbinas de vapor o motogeneradores podría entrar en funcionamiento en tiempos similares a los de una central termoeléctrica diesel. Un caso ilustrativo es el de la central Buen Ayre, construida y operada por una división de Benito Roggio (BRa) en el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE, que produce energía a partir del biogás extraído del relleno sanitario. Se encuentra interconectada al sistema el
éctrico nacional y cuenta con una capacidad de generación de unos 10 megavatios. “Con una distribución territorial absolutamente competitiva con las centrales delivery, se sustituiría el uso de gasoil por biomasa renovable con una mejor prestación y servicio, mediante motores de alta eficiencia capaces de utilizar biocombustibles”, añade CADER, en referencia al plan “Energía Delivery”, lanzado en 2007 por ENARSA y consistente en la contratación de pequeñas usinas eléctricas y barcazas con generadores para abastecer zonas críticas del país. Según los cálculos de esta cámara empresarial, “en nuestro país se puede operar con centrales de biomasa obteniendo costos de generación eléctrica 6,5 veces más bajos que los del gasoil importado”. Finalmente, señalan, “las mini-centrales que proveen generación de base o firme pueden entrar en operación en 12 meses desde su definición, brindando además interesantes alternativas de desarrollo regional vinculado con la producción agrícola-ganadera”, pues permitirían reutilizar los residuos derivados de ese tipo de actividades.
Subastas de energía, una nueva modalidad
Mientras tanto, una cuestión que está dando que hablar en el sector es la suspensión en febrero pasado de la Resolución 108/2011 de la Secretaría de Energía, que funcionaba como marco legal para los contratos de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir de fuentes renovables. Las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minería justificaron su decisión en la necesidad de una mayor transparencia para evitar arbitrariedades en la operatoria de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a la hora de firmar los contratos de compra de energía con los privados. Según adelantó el subsecretario 
Sebastián Kind, se optará, en su reemplazo, por subastas de precios, divididas por tecnología (eólica, solar, biomasa, pequeñas hidroeléctricas) y segmentadas por regiones. En este sentido, un espejo en donde mirarnos podría ser el de nuestro vecino Uruguay, que a partir de una política de Estado –consensuada por todas las fuerzas políticas– ha conseguido una participación de las renovables del 50 por ciento en su matriz energética y del 42 por ciento en su matriz eléctrica (24 por ciento eólica y 18 por ciento biomasa), según los últimos datos oficiales de la Dirección Nacional de Energía (DNE) dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Con una perspectiva de mediano plazo y un plan creíble fundado en el respaldo de los distintos actores de esta industria, Argentina podría encarar con seriedad la diversificación de sus fuentes de abastecimiento y conseguir, más temprano que tarde, la tan ansiada seguridad energética.
