Por Juan Carlos Zuleta Calderon
Después de las declaraciones del gerente nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia sobre un crecimiento exponencial en la producción de litio en su país, el autor plantea sus dudas y traza un panorama real sobre la explotación del mineral en la región.
Según un reciente reportaje de América Economía, el gerente nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) aseveró que “Bolivia comenzará a producir alrededor de 50.000 toneladas de carbonato de litio a escala industrial grado batería desde el último trimestre de 2018”. Al mismo tiempo, informó que hasta el momento el país invirtió 250 millones de dólares en la “industrialización del litio” de un total de 900 millones de dólares “presupuestados para todo el proyecto”. Las anteriores manifestaciones vienen luego del anuncio de que la e
mpresa Rockwood Litio Ltda., subsidiaria de Albemarle (la mayor productora de litio del planeta) en Chile, acordara con el gobierno del país transandino una importante expansión de capacidad en el Salar de Atacama que le permitirá incrementar su producción de 24.000 toneladas/año a 70.000 toneladas/ año de carbonato de litio en los próximos cuatro años. Pero, ¿cuán verosímiles serán las declaraciones del responsable del proyecto de litio de Bolivia? Mi impresión inicial es que no tanto, por dos razones fundamentales: La primera, que en la Agenda Patriótica 2025, el principal documento de planificación del gobierno, solo se habla de producir 30.000 toneladas/año de carbonato de litio a partir de 2021, lo que es consistente con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 recién aprobado donde ni siquiera se plantea un objetivo de producción para el litio del Salar de Uyuni. No es la primera y, seguramente, no será la última, vez que el citado funcionario público, en un afán por mostrar que el proyecto impulsado por el gobierno boliviano va viento en popa, desinforma a la opinión pública nacional e internacional sobre el avance del estratégico emprendimiento. Al parecer, no percibe el flaco favor que le hace al Estado boliviano al restarle toda credibilidad acerca de su futuro ingreso al mercado del único metal cuyo precio ha mostrado un aumento extraordinario en meses recientes. No hay que olvidarse de que desde hace ya casi 8 años el régimen viene anticipando el arranque del proyecto sin haber podido cumplir hasta la fecha la más mínima meta. Dado el clima pre-plebiscitario en Bolivia, los lectores podrán darse cuenta de cuáles podrían ser los verdaderos motivos del sorpresivo anuncio. En este contexto, llama la atención el nuevo dato sobre inversión ejecutada (250 millones de dólares) que proporciona. Ésta solo puede explicarse a través de un incremento desproporcionado del gasto en la construcción de más piscinas de evaporación solar que constituyen el elemento fundamental de la tecnología “desarrollada” por el proyecto piloto. 
La pregunta que cabe al respecto es si resulta razonable continuar erigiendo tales obras de infraestructura en ausencia del diseño final de la planta industrial encargado en agosto pasado por 10 meses a la firma alemana K-UTEC. En una noticia publicada el 30 de abril de 2015 (poco menos de cuatro meses antes de la firma del contrato) en el periódico alemán Thueringer Allgemeine, Marx (el propio gerente de K-UTEC) se mostraba sorprendido de los costos de inversión de 570 millones de euros mencionados por el gobierno boliviano. “Recién hemos construido en Argentina una planta con capacidades similares a las de Bolivia y ha costado alrededor de 110 millones de euros,” decía Marx. Si como se indicó, las piscinas de evaporación solar representan la mayor parte de la inversión en Uyuni, es fácil deducir o que la tecnología de extracción de litio de K-UTEC es mucho más eficiente que la boliviana (porque entre otras cosas pone menos énfasis en piscinas de evaporación solar), o que esta última tiene un evidente sobreprecio. Lo anterior nos dirige a la segunda razón por la cual se puede considerar poco creíble la reciente manifestación del mandamás del proyecto gubernamental. Me refiero al contrato con la mencionada compañía alemana, el cual, según se conoció en oportunidad de su suscripción, estaría vinculado al tamaño del proyecto industrial (30.000 toneladas/ año). ¿Cómo es que ahora, transcurridos apenas cinco meses desde la firma del contrato, se decide incrementar la capacidad de producción del proyecto en cerca de un 70%? Pero esto no es lo más complicado. Como he argumentado en otro artículo, el problema radica en que lo más probable es que K-UTEC haya tenido que empezar de cero y que proponga cambios sustantivos al proceso “descubierto” por el proyecto dirigido por el gobierno. En estas circunstancias, solo habrá que cruzar los dedos y esperar que las costosas piscinas de evaporación caprichosamente construidas (y por construir) por el proyecto sirvan algún día para algo. Casi al cierre de este artículo, tuve acceso a una publicación del periódico Cambio del gobierno donde sólo se habla de una producción en el Salar de Uyuni de 4.000 a 5.000 para luego subir a 15.000 toneladas a partir de 2018, refiriéndose a las mismas declaraciones del GNRE. Como acabo de ver que tanto la publicación de América Economía como otras que recogieron esa información primicial mantienen el mismo dato de 50.000 toneladas desde 2018, el presente análisis se dirige a desestimar todas esas muestras de desinformación nunca desmentidas por el gobierno.
