En cuanto a la normativa, ¿en qué puede afectar al sector la disparidad de leyes provinciales en la materia?
La reforma de la Constitución de 1994 estableció que los recursos quedaban bajo el dominio de las provincias, con lo cual algunas de ellas han aprobado leyes decididamente contrarias a la minería y están en todo su derecho. Si recorremos el mapa, en Santa Cruz se puede, en Chubut no, en Mendoza tampoco, en San Juan sí, en La Rioja depende la zona, en Catamarca sí, lo mismo que en Jujuy y Salta. La paradoja es que haya provincias que son petroleras desde su nacimiento y no autoricen la minería.
Ahí es dónde entra en juego la “licencia social” y la tarea de las empresas es convencer a la comunidad ¿Hay un problema comunicacional?
Siempre el trabajo es primero con la comunidad. Por supuesto que tiene que haber férreos controles y las empresas no pueden hacer cosas que no harían en sus países. Eso obliga a tener una buena policía minera y un buen régimen de control con las debidas sanciones. Las mineras, al presentar cada proyecto, también tienen que presentar una declaración de impacto ambiental y establecer cómo van a monitorear el proceso. Si se produce un problema, tendrán que remediar el inconveniente y pagar las multas necesarias. Eso sucede con todas las industrias y cualquier otra actividad que pueda ser contaminante, ya sea en el manejo de efluentes u otras sustancias nocivas para el medio ambiente.
¿Se puede decir que el rango ministerial que tiene hoy la actividad, dentro del Ministerio de Energía y Minería, muestra el interés del gobierno nacional? ¿O es solamente un cambio en el organigrama?
Es un paso muy importante. Yo tuvo la oportunidad de escuchar a los tres principales candidatos presidenciales (Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa) antes de las elecciones y todos ellos veían a la minería como una fuente de ingresos para el país, lo cual es cierto. La inversión en el complejo minero ha sido impresionante y así lo ha demostrado su crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, en los últimos seis o siete años muchos de los grandes proyectos que estaban en carpeta se frenaron. Pero el mineral sigue ahí, como es el caso del potasio de Río Colorado o el cobre de Pachón, y va a seguir estando ahí hasta que estén dadas las condiciones de estabilidad. Ganar o perder es parte del riesgo empresario; puede bajar el precio del mineral o modificarse los costos. Lo que no podemos hacer desde el Estado es cambiarle las condiciones o la carga impositiva.