¿Producirá Bolivia 50.000 toneladas de carbonato de litio a partir de 2018?

Por Juan Carlos Zuleta Calderon

Después de las declaraciones del gerente nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia sobre un crecimiento exponencial en la producción de litio en su país, el  autor plantea sus dudas y traza un panorama real sobre la explotación del mineral en la región.
Según un reciente reportaje de América Economía, el  gerente nacional de Recursos  Evaporíticos (GNRE) aseveró  que “Bolivia comenzará a producir  alrededor de 50.000 toneladas de  carbonato de litio a escala industrial  grado batería desde el último  trimestre de 2018”. Al mismo tiempo,  informó que hasta el momento  el país invirtió 250 millones de  dólares en la “industrialización del  litio” de un total de 900 millones  de dólares “presupuestados para  todo el proyecto”.  Las anteriores manifestaciones  vienen luego del anuncio de que  la ecarbonato de litiompresa Rockwood Litio Ltda.,  subsidiaria de Albemarle (la mayor  productora de litio del planeta) en  Chile, acordara con el gobierno  del país transandino una importante  expansión de capacidad en  el Salar de Atacama que le permitirá  incrementar su producción de  24.000 toneladas/año a 70.000 toneladas/  año de carbonato de litio  en los próximos cuatro años.  Pero, ¿cuán verosímiles serán las  declaraciones del responsable del  proyecto de litio de Bolivia? Mi impresión  inicial es que no tanto, por  dos razones fundamentales: La  primera, que en la Agenda Patriótica  2025, el principal documento  de planificación del gobierno,  solo se habla de producir 30.000  toneladas/año de carbonato de litio  a partir de 2021, lo que es consistente  con el Plan Nacional de  Desarrollo 2016-2020 recién aprobado  donde ni siquiera se plantea  un objetivo de producción para el  litio del Salar de Uyuni.  No es la primera y, seguramente,  no será la última, vez que el citado  funcionario público, en un afán  por mostrar que el proyecto impulsado  por el gobierno boliviano  va viento en popa, desinforma a la opinión pública nacional e internacional sobre  el avance del estratégico emprendimiento. Al  parecer, no percibe el flaco favor que le hace  al Estado boliviano al restarle toda credibilidad  acerca de su futuro ingreso al mercado del único  metal cuyo precio ha mostrado un aumento  extraordinario en meses recientes.  No hay que olvidarse de que desde hace ya  casi 8 años el régimen viene anticipando el  arranque del proyecto sin haber podido cumplir  hasta la fecha la más mínima meta. Dado  el clima pre-plebiscitario en Bolivia, los lectores  podrán darse cuenta de cuáles podrían ser los  verdaderos motivos del sorpresivo anuncio.  En este contexto, llama la atención el nuevo  dato sobre inversión ejecutada (250 millones  de dólares) que proporciona. Ésta solo puede  explicarse a través de un incremento desproporcionado  del gasto en la construcción de más  piscinas de evaporación solar que constituyen  el elemento fundamental de la tecnología “desarrollada”  por el proyecto piloto. Juan carlos Zuleta cALDERONLa pregunta  que cabe al respecto es si resulta razonable  continuar erigiendo tales obras de infraestructura  en ausencia del diseño final de la planta  industrial encargado en agosto pasado por 10  meses a la firma alemana K-UTEC.  En una noticia publicada el 30 de abril de  2015 (poco menos de cuatro meses antes de  la firma del contrato) en el periódico alemán  Thueringer Allgemeine, Marx (el propio gerente  de K-UTEC) se mostraba sorprendido de los  costos de inversión de 570 millones de euros  mencionados por el gobierno boliviano. “Recién  hemos construido en Argentina una planta  con capacidades similares a las de Bolivia y  ha costado alrededor de 110 millones de euros,”  decía Marx. Si como se indicó, las piscinas de  evaporación solar representan la mayor parte  de la inversión en Uyuni, es fácil deducir o que la tecnología de extracción de litio  de K-UTEC es mucho más eficiente  que la boliviana (porque  entre otras cosas pone menos  énfasis en piscinas de evaporación  solar), o que esta última tiene  un evidente sobreprecio. Lo  anterior nos dirige a la segunda  razón por la cual se puede considerar  poco creíble la reciente  manifestación del mandamás  del proyecto gubernamental.  Me refiero al contrato con la  mencionada compañía alemana,  el cual, según se conoció en  oportunidad de su suscripción,  estaría vinculado al tamaño del  proyecto industrial (30.000 toneladas/  año). ¿Cómo es que ahora,  transcurridos apenas cinco meses  desde la firma del contrato,  se decide incrementar la capacidad  de producción del proyecto  en cerca de un 70%? Pero esto no  es lo más complicado. Como he  argumentado en otro artículo, el  problema radica en que lo más  probable es que K-UTEC haya tenido  que empezar de cero y que  proponga cambios sustantivos  al proceso “descubierto” por el  proyecto dirigido por el gobierno.  En estas circunstancias, solo  habrá que cruzar los dedos y esperar  que las costosas piscinas  de evaporación caprichosamente  construidas (y por construir)  por el proyecto sirvan algún día  para algo.  Casi al cierre de este artículo,  tuve acceso a una publicación  del periódico Cambio del  gobierno donde sólo se habla  de una producción en el Salar  de Uyuni de 4.000 a 5.000 para  luego subir a 15.000 toneladas a  partir de 2018, refiriéndose a las  mismas declaraciones del GNRE.  Como acabo de ver que tanto la  publicación de América Economía  como otras que recogieron  esa información primicial mantienen  el mismo dato de 50.000  toneladas desde 2018, el presente  análisis se dirige a desestimar  todas esas muestras de desinformación  nunca desmentidas por  el gobierno.