Daniel Meilán – “Argentina alcanzó el puesto 11 en el ranking de inversiones en exploraciones”

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El Secretario de Minería de la Nación dialogó con Energía en Movimiento y ofreció un detallado panorama sobre el sector en la actualidad y para los próximos años. Además, explicó cómo será el Nuevo Acuerdo Federal Minero y llamó a dejar atrás los reduccionismos para pensar una actividad extractiva en perfecta convivencia con el medio ambiente.

A un año del levantamiento de las retenciones al sector minero, ¿qué resultados han obtenido con esta política?

El levantamiento de las retenciones fue una señal muy positiva para la comunidad inversora, que volvió a poner a nuestro país en la mira. Visitamos en misiones oficiales Australia, Canadá, China, Corea, Japón, Chile, y Perú, y dimos a conocer la nueva situación argentina. Hicimos hincapié en orientar las inversiones a las etapas prospectivas y exploratorias, una necesidad imperativa para la concreción del desarrollo productivo en el largo plazo. Este trabajo externo trajo sus resultados: si bien la actividad minera está restringida a nivel global por los precios actuales de los commodities, durante 2016 cerca de 30 nuevas empresas ingresaron a nuestro territorio y se asentaron en distintas provincias para desarrollar tareas exploratorias. Según un ranking de Standard & Poor, en 2016 Argentina alcanzó el puesto 11 en el ranking de inversiones en exploraciones con 140 millones de dólares (estaba en el puesto 17 en 2014).

El gobierno ha planteado una política minera hasta 2025. ¿Cuáles son sus principales objetivos y pasos previstos?

 La prioridad se direccionó en la recomposición institucional, marco indispensable para dar respuestas eficientes del Estado a los actores que participan de la actividad. Lo que es lo mismo que decir hacia los propietarios del recurso –las Provincias–, hacia las empresas, los gremios y, principalmente, hacia su actor principal: las comunidades locales y regionales. Consideramos que volver al diálogo y al consenso federal fue y sigue siendo la única herramienta posible para lograr el indispensable fortalecimiento institucional en la relación entre la Nación y las provincias. Ese diálogo se canalizó, primordialmente, a través de su instrumento natural: el Consejo Federal de Minería (COFEMIN). En este ámbito, convinimos que debía restablecerse una Política de Estado Federal que unificara, homogeneizara y racionalizara los instrumentos legales, económicos, financieros, ambientales y sociales, en el ámbito de un Nuevo Acuerdo Federal Minero superador, en sus bases, condiciones y modalidades respecto del actualmente vigente. Este Acuerdo está llamado a regir los destinos de la actividad minera para los próximos 30 años y será rubricado por el Estado Nacional, representado por el Presidente de la Nación, y por los Gobernadores de las distintas jurisdicciones provinciales. Este marco prevé una interrelación fluida entre los Consejos Federales de Minería y de Ambiente, en donde desde Nación esperamos cumplir un rol de articuladores y promotores de este modo de trabajar en implementar cada uno de los programas que se desprenden del Acuerdo.

Estoy a favor de promover que el capital privado nacional asuma un papel más participativo en el desarrollo minero y de infraestructura asociada”

¿Cuántos proyectos existen con posibilidad cierta de pasar a la etapa extractiva?

 Los proyectos que esperamos se activen a corto y mediano plazo son: a. Pirquitas (agotado) con Chinchillas (Plata), proyecto a 30 km de distancia, Jujuy (2017-2018). b. Pórfido de Taca Taca (Cobre), mega emprendimiento, Salta (2018-2019). c. Lindero (Oro), Salta (2017-2018). d. Cerro Moro (Oro), Santa Cruz (en construcción). e. Don Nicolás (Oro), Santa Cruz (en construcción). f. Sales de Jujuy (Litio) (Orocobre, JEMSE y Toyota). g. Cauchari-Olaroz de Minera Exar (Litio) (Lihium Americas, Mitsibishi, SQM, y Ganfeng Lithium). h. Sal de vida Litio (Galaxy Resources y Sal de Vida Korea). i. Salar del Rincón Litio (Energy y Ady Resources). Además, Argentina tiene factibilizados cuatro megaproyectos: – Taca Taca: ya expresé que a fines de 2018-2019 se inicia la construcción (First Quantum). – Agua Rica: depende del futuro de Alumbrera y/o de un emprendimiento independiente. – Navidad: esta presta a iniciarse, pero la provincia de Chubut no permite hasta hoy el desarrollo minero metalífero a cielo abierto en su territorio. El Estado Nacional está trabajando para acordar con la provincia la rehabilitación del desarrollo minero. – Pachón: La empresa Glencore no ha manifestado aún los tiempos de desarrollo del proyecto. Por otra parte, Mendoza posee una serie de proyectos tipo pórfido en estado de exploración y, al igual que con la provincia de Chubut, el gobierno nacional está trabajando para acordar con la provincia la rehabilitación del desarrollo minero. El yacimiento de Constelación se encuentra cercano a la prefactibilidad. Es el megaproyecto más importante de Sudamérica, es binacional (Chile-Argentina) y continúa su desarrollo hacia la factibilidad. Para aportar al crecimiento del sector, Argentina ha programado una serie de inversiones orientadas a infraestructura y energía asociadas a la minería y otras actividades regionales, como los ferrocarriles del Noroeste, los del Nuevo Cuyo y los del Centro y Patagonia. También se están licitando proyectos de generación de energía renovables y, al mismo tiempo, iniciando obras de infraestructura energética como las represas de Santa Cruz. Estamos profundamente convencidos de que la minería puede hacerse de manera responsable, transparente y en armonía con el medio ambiente”

¿Cuál es su opinión sobre la conveniencia de una presencia más fuerte del Estado argentino en la actividad a través de empresa como “Yacimientos Mineros Fiscales”?

 Mi posición siempre ha sido que el Estado debe tener como prioridad el otorgamiento, el cuidado y la auditoría del recurso minero y velar por los intereses de la comunidad. Una participación del estado como empresa implica ponerse nuevamente, como en el pasado reciente, dos sombreros: uno como coordinador y articulador de la política nacional minera y otro como empresario. Esa doble función suele desembocar en un accionar discrecional que debemos evitar. Sí estoy a favor de promover que el capital privado nacional asuma un papel más participativo en el desarrollo minero y de infraestructura asociada.

Una actividad de cuidado

 ¿De qué manera piensan expandir esta actividad cuando despierta tantos resquemores en la sociedad civil?

 Trabajando para recuperar la credibilidad y la confianza. Desde Nación queremos hacer nuestro aporte y ponernos a disposición para conciliar entre los actores y buscarle una solución constructiva a esta polémica inconducente. Es hora de que Argentina madure y supere la polarización que existe sobre la minería, y de que trabajemos juntos para tener una industria minera que, al igual que cualquier otra actividad productiva, beneficie a la sociedad en su conjunto: brindando oportunidades, empleo de calidad y el desarrollo de las comunidades. Pretendemos construir una política de estado equilibrada, escuchando a todas las partes, aprendiendo de errores y deficiencias que existieron en el pasado y superándolos entre todos. Estamos profundamente convencidos de que la minería puede hacerse de manera responsable, transparente y en armonía con el medio ambiente. Creemos que está llamada a ocupar un rol fundamental en el desarrollo de un país más justo, igualitario y descentralizado. En definitiva, uno verdaderamente federal. Lo han logrado otros países… ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Esta convicción tiene su raíz en los ejes señalados claramente por el Presidente: combatir la pobreza y unir a los argentinos. Debemos dejar atrás el reduccionismo que plantea que sólo puede cuidarse el medio ambiente prohibiendo una actividad. No es una cosa o la otra, son las dos: el medio ambiente es la casa de todos y el estado tiene el deber de controlar que se cumplan las leyes para preservarlo. Pero también debe establecer condiciones favorables a la inversión minera, que se traduzca en más trabajo y más oportunidades de desarrollo para toda la población, en especial aquella históricamente más relegada.

¿Qué controles se realizan sobre las empresas explotadoras de los yacimientos?

 La Constitución Nacional indica que el control ambiental de los emprendimientos mineros (incluyendo las etapas de cierre) forma parte de las competencias provinciales exclusivas. No obstante, desde la Secretaría de Minería de la Nación y en el marco del nuevo Acuerdo Federal Minero se impulsan una serie de medidas tendientes a mejorar la interacción Nación-Provincias en materia ambiental. De esta forma, se impulsa la creación de un comité ejecutivo de apoyo, consulta y asistencia en materia ambiental a las provincias; se cuenta hoy con un área específica dentro de la Secretaría cuyo objeto incluye el diseño y propuesta de mejores prácticas y la asistencia a las provincias en materia ambiental y comunitaria; y se están suscribiendo acuerdos específicos de asistencia técnica con las provincias para distintos cierres de mina, entre otras iniciativas. Asimismo, desde la Secretaría de Minería y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se está trabajando en la remediación de pasivos ambientales a través del programa GEAMIN (en Abra Pampa, Jujuy; San Antonio Oeste, Río Negro y Calingasta, San Juan); se genera información geológica de base, incluyendo datos geoambientales y catastro de pasivos mineros, que son puestos a disposición de las provincias para el mejor control de los posibles impactos mineros. Durante 2016 cerca de 30 nuevas empresas ingresaron a nuestro territorio y se asentaron en distintas provincias para desarrollar tareas exploratorias”

¿Se sabe qué sucedió realmente en los derrames en la mina de Veladero? ¿Cuál es el rol del Estado en este tipo de siniestros?

 Como expliqué anteriormente, si bien la competencia para actuar en este tipo de casos es provincial, se fijó una decisión conjunta con la provincia de San Juan –mediante una reunión del ministro Aranguren con el gobernador Uñac– para que la empresa haga una reingeniería de fondo de su proceso y de su desarrollo social y comunitario. Asimismo, deberán sujetar todo ello a un mecanismo de auditoría integral en manos de reconocidos organismos y expertos nacionales e internacionales. Mientras el mencionado plan no sea debidamente validado, las actividades de lixiviación en la mina Veladero se encontrarán suspendidas, sin que ello implique afectar en ninguna forma al personal que trabaja en ella, ni la percepción de sus correspondientes salarios. La empresa, más allá de señalar que los incidentes acaecidos no revisten, a su entender, entidad ni gravedad ambiental, aceptó las condiciones impuestas por las autoridades nacionales y provinciales, y comprometió sus máximos esfuerzos a la elaboración del plan integral referido.